Los trabajadores del Hospital Borda y sus compañeros de las otras intstituciones psiquiátricas de la zona permanecen en estado de alerta y movilización frente a la posibilidad de que el sector donde funcionan los talleres protegidos sea desalojado esta misma tarde.
Dos semanas después de la irrupción violenta de la Policía Metropolitana en el neuropsiquiátrico, trascendió el pedido del fiscal Celsa Ramírez de que desalojen el predio donde el gobierno porteño pretende realizar una obra de 400millones de pesos para la construcción de un centro cívico.
Por el momento, no hay indicios de que el desalojo vaya a concretarse en las próximas horas. Pero los trabajadores mantienen el alerta y sostienen el acampe que iniciaron el 10 de agosto para proteger el lugar y las herramientas de los talleres.
Los trabajadores exigen que se realice un plan integral para la mejora del predio y que se de cumplimiento efectivo a la ley de salud mental.
Por su parte, los legisladores y legisladoras María Elena Naddeo, Aníbal Ibarra, Fabio Basteiro y Virginia González Gass presentaron un recurso de amparo ante los tribunales en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad para detener la obra, ya que la consideran ilegal.
De acuerdo al Código de Planeamiento Urbano, el proyecto para la construcción de un centro cívico en el sector del predio del Borda donde funcionan talleres protegidos debería haber sido tratado en la Legislatura porteña.
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