Audiencia ante la CIDH por los derechos de los pueblos originarios

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pedido de un conjunto de organizaciones de derechos humanos y de comunidades indígenas, convocó a una audiencia  sobre la situación de los pueblos originarios en nuestro país. Representantes del Estado nacional y una delegación de las organizaciones y comunidades peticionantes se presentaron ante la CIDH, en Washington, el 23 de marzo.

A continuación, El Tren de las Seis presenta un resumen del audio original de la audiencia, dividido en cinco fragmentos significativos que permiten reconstruir lo principal de cada exposición y las inquietudes manifestadas por los comisionados. Al finalizar, compartimos la entrevista que le hicimos a la doctora Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), una de las expositoras en la audiencia ante la CIDH.

 Las organizaciones peticionantes fueron:

• Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos
• El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
• El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
• Organización Unión de Pueblos de la Nación Diaguita
• Organización Andhes
• Confederación Mapuche de Neuquén

Estuvieron representados por la doctora Silvina Zimerman, del Cels, Felix Díaz, de la comunidad Qom La Primavera, de Formosa, y Verónica Huilipan, con doble pertenencia, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y la Confederación Mapuche de Neuquén.

Por parte del Estado se presentaron Javier Salgado, de la Cancillería, y Andrea Gualde, de la Secretaría de Derechos Humanos.

Fueron recibidos en Washington por los comisionados Felipe González, quien presidía la audiencia, Rosa María Ortiz, Rodrigo Escobar Gil e Isabel Maradiaga, que es encargada de la CIDH de la relatoría de pueblos indígenas.

 La audiencia duró poco menos de una hora. Ambas partes tuvieron 20 minutos para exponer su posición respecto a las violaciones a los derechos de los pueblos originarios y, luego, los comisionados formularon sus preguntas y observaciones y dieron 5 minutos más a cada parte para responder.

 Apertura y exposición del Silvina Zimerman

La Doctora Zimerman, en su exposición, recordó que el relator especial de Naciones Unidas James Anaya visitó el país en Noviembre del año pasado, estuvo 10 días, se entrevistó con diferentes comunidades y alertó al país sobre el incumplimiento de las normativas que protegen a los pueblos originarios, sobre la inseguridad jurídica que padecen y las consecuencias que pueda acarrear el modelo extractivo. El informe realizado por Anaya en esa ocación, con la colaboración de organizaciones y comunidades, fue puesto a disposición de la CIDH para apoyar las denuncias de las petionantes.

Entre los puntos centrales de las demandas realizadas a la comisión, Zimerman señala el incumplimiento de derechos constitucionales y convenios internacionales, como el 169 de la OIT, que exige al Estado a realizar una consulta previa a la aplicación de cualquier política que pueda afectar a las comunidades. La violación de esta norma puede verse, por ejemplo, en los permisos para explotar litio en las Salinas Grandes, en Jujuy. Esta actividad perjudicaría a los pueblos que viven de la extracción de sal en ese mismo lugar. El caso fue tratado en una audiencia pública ante la Corte Suprema, el 28 de marzo. 

Otro punto sobre el que se explaya Zimerman es el impacto de las actividades económicas de sectores de capital concentrados sobre las comunidades. Algunas actividades, como el monocultivo de la soja y la explotación minera, motivaron desalojos violentos y la destrucción de recursos naturales esenciales en la vida de las comunidades. Las persecusiones, atentados y agresiones permanentes que sufren los pueblos originarios se recrudecieron en los últimos años, causando incluso la muerte, como en el caso de Javier Chocobar y Cristian Ferreyra, entre otros.

Ante estos hechos de violencia, las peticionantes denuncian la inacción de la justicia y la complicidad del Estado, que responde con represión y con la criminalización de los indígenas. Por ejemplo, en Neuquén y Río Negro, más de 300 mapuches están imputados y son perseguidos por la justicia penal.

 Exposición de Verónica Huilipan

Verónica Huilipan, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y la Confederación Mapuche de Neuquén, considera que la violencia hacia los pueblos originarios se intensificó desde el 2006. En ese año se promulgó la ley 26160/2006, que ordena el relevamiento de tierras de las comunidades y prohibe los desalojos.Pese a que se trata de una ley favorable a las comunidades, su implementación fue muy lenta en algunas provincias y fue directamente desconocida en otras. Andrea Gualde, en su exposición ante la CIDH, reconoció que, en 6 años, sólo se concluyó el relevamiento en 7 provincias.

Sin embargo, durante el mismo periodo, Huillipan señala que el movimiento indígena busca generar las condiciones para generar políticas públicas. En el año 2005, se realizó el primer parlamento de las naciones originarias en el país para poder ofrecer un programa de políticas públicas sobre tierra y territorio, personería jurídica, educación y construcción de interculturalidad para la relación entre los pueblos indígenas al Estado.

 Exposición de Andrea Gualde

Por su parte, los representantes del Estado se limitaron a leer un extenso informe sobre los avances del gobierno en el reconocimiento formal de derechos, pero omitieron dar explicaciones sobre la escasa implementación de las normativas que impulsó en la materia. En ese sentido Zimerman reconoce el mérito del Estado argentino en la reivindicación de derechos, pero demanda su cumplimiento efectivo.

Andrea Gualde destacó que, el 20 de mayo de 2010, la presidenta creo por decreto la Comisión de Análisis e Implementación de la Propiedad Comunitaria Indígena. Sus objetivos son elevar una propuesta normativa para efectivizar la garantía constitucional de los territorios, evaluar la implementación del relevamiento y elaborar iniciativas tendientes a unificar el criterio de inscripción de las comunidades. Según Zimerman, hubo dos reuniones, se hicieron observaciones, pero el proyecto quedó congelado y no se presentó al Congreso.

Además, la representante de la Secretaría de Derechos Humanos, ejemplificó la importancia que la actual gestión da al tema recordando que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó la propiedad indígena entre las modificaciones que serían introducidas en la compilación del Codigo Civil. Sin embargo, Zimerman aclaró que las comunidades no fueron consultadas sobre el tema, tal como exige el convenio 169 de la OIT.

 Preguntas y observaciones de los comisionados

Hacia el final de la audiencia, llama la atención la actitud del Estado, que evade cualquier respuesta a las preguntas de los comisionados.

 Respuestas

Entrevista a la Dra. Silvina Zimerman, del Cels