A la espera de una respuesta de Manzur

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito convoca a concentrar frente al Ministerio de Salud de la Nación este jueves 3 de mayo a las 12hs para exigir una respuesta al Ministro Manzur sobre la carta abierta publicada por esta campaña, exigiendo las medidas necesarias para el cumplimiento del derecho al aborto no punible contemplado en el Código Penal y reafirmado por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La carta abierta al dr.Juan Manzur, Ministro de Salud de la Nación, publicada por la Campaña la semana pasada comienza planteando:"El acceso de las mujeres y niñas que solicitan un aborto no punible en los hospitales públicos por un embarazo causado por violación, o cuya salud está en riesgo, es responsabilidad de las autoridades del sistema de salud, cuya máxima autoridad nacional es el Ministro de Salud de la Nación."

Esta afirmación se desprende los convenios internacionales de jerarquía constitucional a los que el Estado Argentino suscribe y al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que indica la correcta interpretación de los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal respecto a los casos de aborto no punible (ANP).

Sin embargo, se siguen repitiendo casos en todo el país de "denegación, demora, presión ideológica y religiosa que impiden su realización en los servicios públicos de salud, condenan a abortos peligrosos o a maternidades forzadas a las mujeres y niñas pobres violadas, creando graves desigualdades sociales y económicas en el acceso a este derecho", tal como se denuncia en la carta abierta. Pese a que el fallo de la Corte asegura que "lejos de estar prohibido, está permitido cuando el embarazo es consecuencia de una violación" y que la judicialización de esos casos es "innecesaria e ilegal".

Ante esas situaciones el Ministerio de Salud de la Nación permanece en silencio, pese a ya haber sido sancionado, en mayo del 2011, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por no haber garantizado el acceso a un aborto legal a una adoloscente con una discapacidad mental, embarazada tras una violación. En Julio del mismo año, la delegación oficial ante el Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en New York, se comprometió a la firma de la Resolución Ministerial sobre la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles. Sin embargo, Manzur aún no accedió a firmar dicho protocolo, cuay implementación también fue demandada en el fallo de la Corte. En este sentido, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito manifiesta su  "preocupación y repudio por el silencio con el que sistemáticamente responde el Ministro de Salud a los acontecimientos de dominio público vinculados al aborto no punible".

Al finalizar la carta, la Campaña exige "otorgar  el carácter de Resolución Ministerial a la Guía Técnica de Atención de Abortos No Punibles elaborada por ese Ministerio en 2010, convocar a una reunión del Consejo Federal de Salud para acordar políticas de Estado que garanticen la universalidad de derechos y la igualdad de oportunidades para las mujeres de todo el país e instrumentar la difusión e información masiva sobre dicha resolución para que las mujeres de todo el país, sin distinción, puedan conocerla y exigir su cumplimiento, como es su derecho".

Por otra parte, la Campaña considera que "el pronunciamiento de la Corte Suprema refuerza la necesidad de que se continúe el debate de la despenalización / legalización del aborto que ya se ha iniciado en el Congreso". El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el 20 de marzo, entró por cuarta vez al Congreso con el aval de 53 legisladores, incluyendo 16 oficialistas.

Otra nota nuestra sobre el tema: "El Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: Un debate nacional".

Grave denuncia de la Federación Universitaria de la Plata contra la guardia de las facultades por realizar tareas de inteligencia

La Federación Universitaria de La Plata (FULP) emitió un comunicado dirigido al Consejo Superior de la Universidad de La Platadenunciando las actividades de inteligencia que desarrolla la guardia edilicia en las diferentes facultades de esa casa de altos estudios.

El primer cuestionamiento de los estudiantes es por el convenio de acuerdo al cual la guardia edilicia recibe capacitación del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Además de indicar que la formación brindada por esta institución no responde a una visión integral de la seguridad como "promoción y protección de los derechos humanos", subraya las denuncias graves que recaen sobre la agencia punitiva y que tomaron mayor repercusión a partir de la visita de Gabriel Mariotto al Complejo Penitenciario Conurbano Norte. En esa ocación, el vicegobernador pudo constatar lo ya sabido y denunciado en numerosas oportunidades por los organismos de derechos humanos acerca de las condiciones en que viven los presos y la complicidad del Servicio Penitenciario en la promoción de la violencia y la delicuencia.

Pero la denuncia de la Fulp no se queda sólo en la crítica de la formación que reciben los guardias, ni en la perspectiva con que el rectorado piensa la seguridad, sino que advierte sobre las prácticas concretas que viene realizando el personal de seguridad. esto se debe a que la Federación tuvo acceso a los registros tomados en el libro de actas de la guardia edilicia del sector Bosque Norte de la Universidad. En estas anotacones descubrieron que se deja constancia de los movimientos de los militantes estudiantiles y de algunos vecinos de la zona.

Según consta en el comunicado: "Estos registros evidencian que las instrucciones dadas por esta gestión a quienes desempeñan tareas de guardia edilicia, no tienen que ver unicamente con generar condiciones de seguridad en el ámbito de la universidad, sino que las exceden ampliamente. Por esto es que nos permitimos reproducir algunos registros a los que hemos tenido acceso desde esta Federación: 
-'Siendo las 9:15hs ingresan dos hombres que manifiestan ser de cablevisión y le hacen una nota periodística a la agrupación aule'. 28 de marzo de 2012. pág.4.
-'Ingresan integrantes del centro de estudiantes (Matías xx y Daniel xx) recorrieron el buffet y la fotocopiadora'. 7 de abril de 2012. pág. 14 ((en esta anotación los estudiantes son mencionados con nombre y apellido))
-Siendo las 17:50hs cortan calle 51 y 124. El señor de la esquina reclamando el no estacionamiento en la puerta de su casa. Se dio aviso a la Comisaria 3º. Se hizo presente el mismo en el lugar'. 11 de abril de 2012. pág. 19.
Como se ve, aparecen detallados movimientos de militantes estudiantiles. En la Federación nos preguntamos, ¿qué relación podría existir entre los hechos de inseguridad y la actividad de esos estudiantes?"

Estas anotaciones llevan a preguntarse cuáles son las verdaderas instrucciones de la guardia edilicia. Pareciera que sus funciones exceden el resguardo de la seguridad y contemplan tareas de inteligencia que constituyen un delito federal y cuentan con antecedentes sumamente nefastos que concluyeron en el exterminio de miles de estudiantes. El comunicado de la FULP sugiere varios interrogantes que es imprescindible reproducir: "¿es función de la guardia edilicia convocar a las fuerzas represivas ante un conflicto social? ¿Es su función participar de la criminalización de la protesta social? Y si la calle fuera cortada por estudiantes, ¿es función de la guardia edilicia llamar a la policía también? ¿Cuáles son las directivas dadas por las autoridades? En el caso del vecino, ¿estaba la guardia edilicia interpretando una consigna que le fue dada para las protestas estudiantiles?"

El comunicado fue emitido el 24 de abril y exige que se forme una comisión interclaustro que analice los libros de actas de la guardia edilicia, que se convoque, en el plazo de un mes, a sesionar al Consejo Superior y se incorporen las resoluciones adoptadas por la comisión; que se efectúe un programa de formación en derechos humanos y que se garantice la integridad de los estudiantes, trabajadores no docentes y agrupaciones nombradas en la denuncia, ante cualquier posibilidad de represalia académica, administrativa o laboral.

 

El 47% de los pediatras temen ser agredidos por los padres de sus pacientes

El 47% de los pediatras siente miedo en su lugar de trabajo, de acuerdo a la encuesta de satisfacción laboral realizada por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y Unicef. Los resultados del relevamiento se conocieron ayer y detectaron también que el 56% de los profesionales entrevistados recibió maltratos verbales alguna vez y el 5% sufrió agresiones físicas durante el último mes. 

La encuesta también advierte sobre los malos tratos entre los mismos profesionales e indica que el 82% sufre estrés excesivo. En todos los aspectos relevados, las mujeres aparecen como las más afectadas.

La encuesta es representativa de los 15.461 pediatras de todo el país y revela que el 70% trabaja en 2, 3 o más instituciones de salud. Las grandes demoras, las numerosas trabas, la falta de insumos, la falta de profesionales y las falencias de infraestructura y equipamiento que deben sufrir los pacientes conducen a reacciones inadecuadas hacia las únicas caras visibles que tienen a su alcance: los médicos. 

Por su parte, los profesionales, sobrepasados de trabajo, faltos de sueño, carentes de insumos y equipamiento suficientes, sometidos a grandes presiones y expuestos a la reacción de los pacientes indignados, no tienen el clima de trabajo adecuado y eso también genera choques con los pacientes y con sus propios compañeros de trabajo.

Esta situación no afecta sólo a los pediatras, sino, es factor común en todo el entorno médico, especialmente, en las instituciones públicas afectadas por el vaciamiento presupuestarios. En particular, en el caso de los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires, cuyos profesionales siguen en conflicto por el bajo nivel salarial, Marité Sosa, delegada de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Buenos Aires (CICOP), habló de la violencia que sufren los médicos de guardia:  




      
¿Querés escuchar completa la entrevista a Marité Sosa?

Hospitales bonaerenses en huelga

La lucha sigue en pie por parte de médicos de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Buenos Aires (CICOP) que recurrieron a un paro nuevamente por 24 horas en 77 hospitales bonaerenses donde sólo atendieron urgencias tras el fracaso en las negociaciones salariales.

La huelga podría volver a efectuarse el miércoles 25 y jueves 26 de abril por 48 horas junto con una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

Paro en los Hospitales Públicos de la Provincia de Buenos Aires

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Procincia de Buenos Aires (CICOP) realizó, hoy, 12 de abril, un paro por 24 horas con alto nivel de acatamiento en los 77 hospitales públicos y una movilización al Ministerio de Salud de la Nación, junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSA). Exigen salario digno, trabajo decente, libertad sindical y 82 por ciento móvil para los jubilados.

Los médicos y enfermeros de la provincia piden un piso del 30% de aumento salarial, lejos del 21% ofrecido por el Gobierno de Scioli en la reunión que tuvieron el 3 de abril. 

El jueves 5 de abril, Marité Sosa, delegada gremial de CICOP, en entrevista con El Tren de las Seis, explicó las razones del paro y denunció el vaciamiento de la salud pública en la Provincia de Buenos Aires.

Audiencia ante la CIDH por los derechos de los pueblos originarios

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pedido de un conjunto de organizaciones de derechos humanos y de comunidades indígenas, convocó a una audiencia  sobre la situación de los pueblos originarios en nuestro país. Representantes del Estado nacional y una delegación de las organizaciones y comunidades peticionantes se presentaron ante la CIDH, en Washington, el 23 de marzo.

A continuación, El Tren de las Seis presenta un resumen del audio original de la audiencia, dividido en cinco fragmentos significativos que permiten reconstruir lo principal de cada exposición y las inquietudes manifestadas por los comisionados. Al finalizar, compartimos la entrevista que le hicimos a la doctora Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), una de las expositoras en la audiencia ante la CIDH.

 Las organizaciones peticionantes fueron:

• Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos
• El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
• El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
• Organización Unión de Pueblos de la Nación Diaguita
• Organización Andhes
• Confederación Mapuche de Neuquén

Estuvieron representados por la doctora Silvina Zimerman, del Cels, Felix Díaz, de la comunidad Qom La Primavera, de Formosa, y Verónica Huilipan, con doble pertenencia, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y la Confederación Mapuche de Neuquén.

Por parte del Estado se presentaron Javier Salgado, de la Cancillería, y Andrea Gualde, de la Secretaría de Derechos Humanos.

Fueron recibidos en Washington por los comisionados Felipe González, quien presidía la audiencia, Rosa María Ortiz, Rodrigo Escobar Gil e Isabel Maradiaga, que es encargada de la CIDH de la relatoría de pueblos indígenas.

 La audiencia duró poco menos de una hora. Ambas partes tuvieron 20 minutos para exponer su posición respecto a las violaciones a los derechos de los pueblos originarios y, luego, los comisionados formularon sus preguntas y observaciones y dieron 5 minutos más a cada parte para responder.

 Apertura y exposición del Silvina Zimerman

La Doctora Zimerman, en su exposición, recordó que el relator especial de Naciones Unidas James Anaya visitó el país en Noviembre del año pasado, estuvo 10 días, se entrevistó con diferentes comunidades y alertó al país sobre el incumplimiento de las normativas que protegen a los pueblos originarios, sobre la inseguridad jurídica que padecen y las consecuencias que pueda acarrear el modelo extractivo. El informe realizado por Anaya en esa ocación, con la colaboración de organizaciones y comunidades, fue puesto a disposición de la CIDH para apoyar las denuncias de las petionantes.

Entre los puntos centrales de las demandas realizadas a la comisión, Zimerman señala el incumplimiento de derechos constitucionales y convenios internacionales, como el 169 de la OIT, que exige al Estado a realizar una consulta previa a la aplicación de cualquier política que pueda afectar a las comunidades. La violación de esta norma puede verse, por ejemplo, en los permisos para explotar litio en las Salinas Grandes, en Jujuy. Esta actividad perjudicaría a los pueblos que viven de la extracción de sal en ese mismo lugar. El caso fue tratado en una audiencia pública ante la Corte Suprema, el 28 de marzo. 

Otro punto sobre el que se explaya Zimerman es el impacto de las actividades económicas de sectores de capital concentrados sobre las comunidades. Algunas actividades, como el monocultivo de la soja y la explotación minera, motivaron desalojos violentos y la destrucción de recursos naturales esenciales en la vida de las comunidades. Las persecusiones, atentados y agresiones permanentes que sufren los pueblos originarios se recrudecieron en los últimos años, causando incluso la muerte, como en el caso de Javier Chocobar y Cristian Ferreyra, entre otros.

Ante estos hechos de violencia, las peticionantes denuncian la inacción de la justicia y la complicidad del Estado, que responde con represión y con la criminalización de los indígenas. Por ejemplo, en Neuquén y Río Negro, más de 300 mapuches están imputados y son perseguidos por la justicia penal.

 Exposición de Verónica Huilipan

Verónica Huilipan, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y la Confederación Mapuche de Neuquén, considera que la violencia hacia los pueblos originarios se intensificó desde el 2006. En ese año se promulgó la ley 26160/2006, que ordena el relevamiento de tierras de las comunidades y prohibe los desalojos.Pese a que se trata de una ley favorable a las comunidades, su implementación fue muy lenta en algunas provincias y fue directamente desconocida en otras. Andrea Gualde, en su exposición ante la CIDH, reconoció que, en 6 años, sólo se concluyó el relevamiento en 7 provincias.

Sin embargo, durante el mismo periodo, Huillipan señala que el movimiento indígena busca generar las condiciones para generar políticas públicas. En el año 2005, se realizó el primer parlamento de las naciones originarias en el país para poder ofrecer un programa de políticas públicas sobre tierra y territorio, personería jurídica, educación y construcción de interculturalidad para la relación entre los pueblos indígenas al Estado.

 Exposición de Andrea Gualde

Por su parte, los representantes del Estado se limitaron a leer un extenso informe sobre los avances del gobierno en el reconocimiento formal de derechos, pero omitieron dar explicaciones sobre la escasa implementación de las normativas que impulsó en la materia. En ese sentido Zimerman reconoce el mérito del Estado argentino en la reivindicación de derechos, pero demanda su cumplimiento efectivo.

Andrea Gualde destacó que, el 20 de mayo de 2010, la presidenta creo por decreto la Comisión de Análisis e Implementación de la Propiedad Comunitaria Indígena. Sus objetivos son elevar una propuesta normativa para efectivizar la garantía constitucional de los territorios, evaluar la implementación del relevamiento y elaborar iniciativas tendientes a unificar el criterio de inscripción de las comunidades. Según Zimerman, hubo dos reuniones, se hicieron observaciones, pero el proyecto quedó congelado y no se presentó al Congreso.

Además, la representante de la Secretaría de Derechos Humanos, ejemplificó la importancia que la actual gestión da al tema recordando que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó la propiedad indígena entre las modificaciones que serían introducidas en la compilación del Codigo Civil. Sin embargo, Zimerman aclaró que las comunidades no fueron consultadas sobre el tema, tal como exige el convenio 169 de la OIT.

 Preguntas y observaciones de los comisionados

Hacia el final de la audiencia, llama la atención la actitud del Estado, que evade cualquier respuesta a las preguntas de los comisionados.

 Respuestas

Entrevista a la Dra. Silvina Zimerman, del Cels