El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, vetó la ley que regulaba la práctica de abortos no punibles en el sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires.
La norma había sido aprobada por la Legislatura porteña el pasado viernes 28 de septiembre con el voto de todos los bloques menos el PRO y otros tres legisladores.
El debate sobre los abortos no punibles se reactivó a partir del fallo de la Corte Suprema de la Nación del 13 de marzo de este año. El mismo considera ilegal las intromisiones administrativas o judiciales que obstaculizan el acceso al aborto a las mujeres embarazadas producto de una violación. A la vez que interpela a la Nación, las Provincias y a la Ciudad de Buenos Aires para que elaboren un protocolo para que las entidades sanitarias actúen en estos casos.
Con el veto de la ley aprobada por la Legislatura, queda vigente la resolución 1252, emitida hace un mes por el ex ministro de salud Jorge Lemus.
Esta resolusión permitiría a los médicos interponer una objeción de conciencia frente a cada caso, pese a que la Corte Suprema considera que "deberá disponerse un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio. A tales efectos, deberá exigirse que la objeción sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente". Tal como sostenía también la ley vetada.
La norma aprobada por la Legislatura también establecía como única condición para realizar la intervención que la mujer que la solicita firme una declaración jurada ante el médico interviniente, tal como exigía el fallo de la Corte: "cualquier imposición de otro tipo de trámite no resultará procedente". Sin embargo, la resolución que permanece vigente limita el derecho a los casos de embarazos de menos de 12 semanas y permite la intevención de un comité interdisciplinario. En este último punto se desentiende absolutamente del fallo de la Corte que sostiene: "exigir más de un profesional de la salud para que intervenga en la situación concreta (...) constituiría un impedimento de acceso incompatible con los derechos en juego".
Por otra parte, cave destacar que Macri lleva acumuladas 107 normas vetadas, cerca de la mitad de todos los vetos de la historia de la Ciudad. El uso abusivo de este recurso obstaculizó incluso numerosas leyes votadas y hasta propuestas por los legisladores de su propio partido.
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